La Constitución Española en el artículo 40.2, encomienda a los poderes públicos, velar por la seguridad y la salud en el trabajo. Una consecuencia de la aplicación de la Constitución es el desarrollo de una política de protección y seguridad de los trabajadores. Artículo 149.

La adhesión de España a la Unión Europea ha llevado a armonizar esta política de protección con la política comunitaria:

Como consecuencia de esto, se encuentra la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre y el Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. R.D. 39/1997, de 17 de enero que adecuan los criterios comunitarios a la legislación española.