Los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales comportan unos costes que derivan tanto hacia la parte humana como la económica, aunque existe un pensamiento global que considera el sufrimiento como un valor importante que implica a accidentados y a sus familiares.

Acerca de esta cuestión se dispone de pocos datos fiables. Así, por ejemplo, sabemos con certeza que cada año más de 4.000 trabajadores quedan permanentemente inválidos a causa de un accidente de trabajo y pasan a percibir la correspondiente pensión. En concreto, en el año 1997 fueron 4.753 y en 1998, 4.648.

Las enfermedades profesionales parece que generan menos daños, pero su monto no es en absoluto despreciable: 1.109 nuevas pensiones de invalidez permanente en 1997 y 986 en 1998.

Por sorprendente que parezca en cambio, no se publican cifras fiables acerca de la mortalidad por estas mismas causas. En efecto las estadísticas de accidentes mortales que publican las autoridades laborales no son más que una contabilidad de accidentes, no de sus consecuencias: por este motivo, en general sólo incluyen los casos en los que la muerte del trabajador se produce prácticamente de inmediato (la supervivencia media fue en 1998 de 0'5) y no recogen los datos globales de los fallecimientos que ocurren con posterioridad y que, por ello, no pueden quedar reflejados en el parte de accidente que debe emitirse en un plazo breve después de ocurrido.

Como es obvio, la cifra de fallecimientos reales tienen que ser bastante superior, pues una cierta proporción desconocida de accidentes inicialmente calificados de graves, producen la muerte del accidentado al final.

Por las mismas razones, corregidas y aumentadas, es imposible que las estadísticas reflejen los fallecimientos imputables a enfermedades profesionales que, en general se producirán cuando el afectado ya está percibiendo su pensión de invalidez; por esta razón la estadística en España no recoge más que muy excepcionalmente las enfermedades profesionales mortales.

Si sabemos, en cambio, gracias a la exquisita contabilidad sobre las pensiones que publica la Seguridad Social que, en diciembre de 1999, 79.600 cónyuges percibían una pensión de viudedad causada por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. El número de pensiones de orfandad reconocidas por el mismo motivo ascendía a 18.600.

El segundo aspecto de los costes es el económico. Éste recae, en primer lugar, en el trabajador que, con carácter general, ve reducido su salario al 75 por ciento cuando está de baja debido a un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

La empresa también asume un coste importante cuyo monto exacto es difícil de evaluar, ya que los sistemas contables al uso no están diseñados para registrar ciertos costes que, justamente por esta razón, suelen ser calificados de costes ocultos.

La única parte bien conocida de estos costes es el importe de las cotizaciones que, en concepto de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, abonan las empresas a la Seguridad Social: alrededor de 600.000 millones de pesetas al año para el conjunto del Estado. Estas cotizaciones son finalmente gestionadas por las mutuas de accidentes de trabajo, en su calidad de entidades colaboradoras de la Seguridad Social.

Debido a que estas cotizaciones están calculadas a partir de datos de siniestralidad antiguos - cuando se producían muchos más accidentes y enfermedades que en la actualidad -, la prima media es bastante elevada (más del 2,5 por ciento del salario bruto), lo que hace que el régimen de accidentes de trabajo sea permanentemente excedentario (un superávit de 60.000 millones en 1999, según García Pomar), excedente que se disuelve fácilmente en el mar de necesidades parentorias que deben ser atendidas en otros ámbitos de las prestaciones sociales.

Señalaré finalmente que parte de la tarifa pagada en "exceso" (de la cual provienen, lógicamente, los excedentes) es recuperada por la vía de los servicios que las mutuas prestan gratuitamente a las empresas, servicios que éstas suelen ver, en general, como adecuadamente proporcionados a las cotizaciones efectuadas.

Por ello, aunque el coste global de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sea alto, existe un nivel de tolerancia elevado respecto al mismo. Al menos eso parece a la vista del poco interés que el tema suele suscitar entre los más directamente afectados empresarios y trabajadores.