EL PAIS, domingo 15 septiembre del 2002

La siniestralidad laboral en España, sin restar un ápice a la gravedad de la situación, ha evolucionado, en el último decenio, positivamente. Se ha producido, pese al aumento de la tasa de siniestralidad, una ligera disminución de los accidentes graves y mortales. Dentro de éstos, además, la primera causa de mortalidad deriva de patologías no traumáticas (sobre todo cardiovasculares) y la segunda de accidentes de tráfico (ambas representan la mitad aproximadamente de los accidentes mortales). Por otra parte, aumentan los accidentes cuyo origen puede ser o no laboral y disminuyen aquellos que son inequívocamente laborales (la causa de accidentes que más ha aumentado es la de los sobreesfuerzos). Además, en algunas comunidades autónomas, la puesta en marcha de planes específicos ha permitido una mejora significativa de la situación.

Esta evolución se ha visto confirmada por la mejora de la situación comparativa de España en el ámbito europeo. Este mismo año, las estadísticas europeas situaban a nuestro país en el cuarto lugar en cuanto a incidencia de la siniestralidad laboral, por detrás de Dinamarca, Suecia y Bélgica (EL PAÍS, 28 de abril 2002).

Ha bastado, sin embargo, un repunte de los accidentes mortales en los últimos meses para que vuelvan a encenderse las alarmas y a sembrarse las dudas. Tales accidentes han servido, desgraciadamente, para sacudir de nuevo las conciencias y para que la seguridad y la salud en el trabajo vuelva a ocupar un puesto central en las preocupaciones políticas y sociales.

¿Por qué la alta siniestralidad que padecemos? No valen las respuestas conformistas (hay más crecimiento económico y, por tanto, más accidentes) ni las simplistas (la contratación temporal y la precariedad son la causa de los accidentes). En cuanto a lo primero, no existe ninguna evidencia empírica que permita establecer una relación directa entre crecimiento y siniestralidad. En cuanto a lo segundo, si bien existe una asociación estadística entre temporalidad y siniestralidad, se trata de una relación compleja cuyo análisis permite descartar que una reducción de la temporalidad sea capaz, por sí sola, de reducir el riesgo de accidentes.

Las razones son más complejas y tienen que ver con las características de nuestro sistema productivo (la segmentación del mercado de trabajo, la creciente descentralización de actividades y la consiguiente segmentación del tejido empresarial), con unos planteamientos normativos centrados más en la reparación de las consecuencias del accidente que en la evitación del mismo, con unos déficit formativos y culturales importantes, y con una legislación de prevención compleja e indiferenciada. La complejidad induce al cumplimiento más formal que sustancial de la misma y la indiferenciación dificulta ese cumplimiento en las pequeñas empresas.

Teniendo en cuenta estas razones, el informe que sobre este tema me encargó el presidente del Gobierno y que elaboró un grupo de expertos bajo mi coordinación (Informe Durán), formula propuestas de distinto contenido y alcance. Propuestas hasta ahora debatidas en el Parlamento, por los agentes sociales y por los expertos, pero que no se han traducido en medidas concretas. De entre ellas, quiero destacar, aparte del reforzamiento y la especialización de la inspección, de la coordinación de actuaciones con las comunidades autónomas y de la formulación de planes específicos que concentren esfuerzos en actividades y empresas con elevados índices de siniestralidad (que han dado resultados muy positivos en varias comunidades autónomas), la importancia de la formación y de la investigación. Hay que conseguir que la cultura preventiva implique a toda la sociedad y que empresarios y trabajadores la asuman con naturalidad en el seno de la empresa. Y hay que primar las investigaciones que permitan mejorar la seguridad de los instrumentos de trabajo y de los sistemas productivos.

Hay también que promover económicamente la prevención, a través de medidas fiscales, administrativas y comerciales, y revisar la normativa reguladora de la actuación de los distintos agentes que intervienen en la prevención, para, por una parte, afrontar las consecuencias de la nueva estructura productiva (exigiendo mayor coordinación empresarial y aclarando responsabilidades en caso de subcontratación), y por otra evitar la tendencia al cumplimiento puramente formal de la normativa y facilitar la aplicación de la misma en las pequeñas empresas.

Algunas de estas medidas sólo producirán efectos a medio plazo. Pero no por ello son menos urgentes. Recuerdo la anécdota del militar inglés que, vuelto de la India, entregó unas semillas a su jardinero. Cuando le preguntó al cabo de los días si las había sembrado, y el jardinero le contestó que no se preocupara, que se trataba de árboles que tardaban cien años en crecer, le amonestó: entonces, siémbrelas esta misma tarde.