No se acuerda de cómo ocurrió", explica María José, un ama de casa de 34 años que desde hace tres semanas permanece junto a su marido en un hospital cercano a Barcelona. Salvador Cebrián Mateo, de 33 años, se cayó el 9 de septiembre de un andamio situado en un tercer piso cuando trabajaba en las obras de unas viviendas en Mataró. Inmediatamente fue trasladado a un centro sanitario en estado inconsciente, con traumatismo craneoencefálico y fracturas en la cadera y un codo. Dos semanas después volvió a entrar en el quirófano para una operación de pelvis.

Hoy, María José, madre de dos niños de 6 y 2 años, dice que sólo puede esperar y tener paciencia, tras enumerar la retahíla de males que padece su marido: "Un montón de costillas rotas, un coágulo al lado del pulmón, fractura en un brazo, roto el último hueso de la columna..." Salvador, que sólo llevaba dos años trabajando en la construcción, "no se acuerda de nada, no se explica qué pasó, cómo pudo caerse", insiste la mujer.

Desconoce cuál era exactamente la labor de su marido en la obra o si había algo irregular en el edificio, pero asegura que por el hospital no ha pasado nadie a preguntar. Nadie se ha molestado por la situación de la familia, "ni instituciones, ni sindicatos. La empresa, de momento, se está portando bien. Su jefe vino a visitarnos. Están enviando el salario, porque yo no puedo ir a buscarlo". ¿Se ha hablado de indemnización? "De momento, no, porque hay que ver cómo evoluciona mi marido."

Salvador es uno de los cerca de 70.000 trabajadores de toda España que han sufrido algún accidente grave en sus puestos de trabajo en los nueve meses que llevamos de año. Otros, como Francisco, de 41 años, y Ramón, también de 41, no lo pueden contar. Los dos fallecieron -el 31 de agosto y el 1 de septiembre, respectivamente- en el hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona a consecuencia de las graves quemaduras que sufrieron durante un incendio en la planta química de la empresa Cray Valley, en Mollet del Vallès.

Francisco y Ramón son dos de los 157 trabajadores que han muerto en accidente laboral y en accidente laboral "in itinere" (cuando el trabajador sufre un accidente yendo o viniendo del trabajo) en lo que va de año, una cifra que convierte a Cataluña en la comunidad con el índice de siniestralidad laboral mortal más elevado de España, donde se han registrado hasta julio 574 muertes, casi un 10% más que el año anterior. En esas estadísticas, además de los accidentes "in itinere", se incluyen los que sobrevienen en el puesto de trabajo a consecuencia de determinadas enfermedades, como puede ser un infarto de miocardio. Las trágicas cifras no constan los accidentes sufridos por trabajadores autónomos.

Localizar a los familiares de estas víctimas mortales es una ardua e ingrata tarea. UGT asegura que casi nadie desea hablar, porque los afectados llegan a acuerdos económicos con las empresas, sin intermediarios. "Los empresarios pagan incluso más de lo estipulado para que los damnificados no remuevan el asunto", explican fuentes sindicales.

Según UGT, el perfil del accidentado es el de un joven con contrato en precario y que trabaja en empresas con menos de 100 empleados. En el año 2000, el 81,3% de los accidentes de trabajo causantes de baja laboral afectaron a empleados menores de 24 años y con contrato temporal; es decir, sólo el 18,7% de los accidentados en ese tramo de edad gozaba de contrato indefinido.

En España, las estadísticas indican que cada día laborable mueren cinco trabajadores (uno de ellos en Cataluña) y otros cinco quedan inválidos como consecuencia de un accidente en su puesto de trabajo. Un balance de víctimas que, según muchos especialistas, sólo se da "en una situación de guerra". De momento, los sindicatos han puesto el grito en el cielo y exigen medidas inmediatas, los políticos siguen con su rifirrafe en busca de culpables y la patronal clama que "cumple a rajatabla" las medidas de prevención y que "sigue sin ver clara la relación" entre contratos temporales y siniestralidad.

Josep Espluga, profesor de Seguridad y Salud Laboral del departamento de Sociología de la UAB, asegura que lo ocurrido este verano en Cataluña "no es nada excepcional". Quizá existe ahora "una mayor visibilidad sobre el tema". Y explica que una de las teorías ante la escasa alarma social que provocan las altas cifras de la siniestralidad es que "la gente acepta que trabajar es igual a trabajar en malas condiciones". Espluga dice que esa actitud que equipara el trabajo con el castigo y el sufrimiento es "casi bíblica y muy enraizada en nuestra cultura". Pero se decanta más por la teoría de que no hay una "rebelión popular porque las empresas españolas son todavía un ámbito muy poco democrático, donde no se admiten las quejas o reclamaciones de los trabajadores. Y menos con los actuales contratos".

Una situación en aumento

Este sociólogo denuncia que la situación es catastrófica y tiende a aumentar: "Desde que, en 1994, se aplicaron las primeras reformas laborales para flexibilizar el mercado de trabajo y empezaron a aparecer los contratos en precario, los accidentes han aumentado." Y hace hincapié en que se producen tres veces más accidentes con contratos temporales que con fijos.

Para Espluga, la normativa actual es coherente, pero difícil de llevar a la práctica, porque exige mucha participación de los trabajadores frente a unas empresas "muy autoritarias". Por tanto, una de las

soluciones a corto plazo sería aumentar la plantilla de inspectores de trabajo. "No es casual que haya tan pocos inspectores, una situación que procede de los pactos de la transición -explica-. Mantener un cuerpo reducido permitía a los empresarios seguir trabajando en una cierta economía sumergida sin que nadie molestara." Según Espluga, sólo el 30% de las empresas empieza ahora a cumplir las normas de prevención y riesgo laboral. "Pero no todas son iguales. Las pequeñas tienen un estrecho margen de maniobra, por lo que son las que cumplen menos las leyes", matiza.

Una opinión que no comparte el ingeniero industrial e inspector de Trabajo Javier Crespán, porque cree que la siniestralidad laboral sólo se reducirá cuando los empresarios asuman que la prevención es otra faceta más de la gestión empresarial. ¿Los directivos prefieren pagar la multa antes que adecuar sus instalaciones? "La empresa que cree que la prevención es sólo aplicar la ley y no una faceta más de su gestión prefiere pagar la sanción, que es ínfima".

En su despacho de la Inspección de Trabajo en la Travessera de Gràcia de Barcelona sostiene indignado que la precariedad laboral sí tiene que ver con los accidentes laborales, y lamenta que todas las campañas de prevención se dirijan a los trabajadores, y no a los empresarios. "Es un problema de todos, pero las instituciones se gastan el dinero en decirle al trabajador que no se juegue la vida, pero no le dice nada al empresario de que debe garantizar la salud de sus trabajadores", como exige el artículo cuarto de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada en 1995. Pero la siniestralidad laboral española sigue doblando, a día de hoy, la de la UE.

Actualmente existen 79 inspectores de trabajo en la provincia de Barcelona, los mismos que hace ocho años, y 107 en Cataluña, además de una cincuentena de técnicos en prevención dependientes directamente de la Conselleria de Treball de la Generalitat. Según los sindicatos, en España hay un inspector por cada 27.000 trabajadores, un ratio muy alejado de la media europea.

Pocos inspectores

Lluís Franco, conseller de Treball, en un intento de frenar las duras críticas que está recibiendo su departamento, ha anunciado que ampliará la plantilla de inspectores. Pero Crespán responde que Franco "no sabe de qué habla", porque en la oferta de empleo público para el 2002 hay convocadas "¡26 plazas de inspectores para toda España!". En su opinión, la decisión de Treball demuestra "que el conseller cree que los empresarios sólo entran en el redil cuando se les amenaza".

Para este inspector, curtido con la experiencia diaria, no hace falta otra ley de prevención, sino cumplir la que ya existe, porque el problema radica en que el empresario no ve la prevención como una faceta más de la gestión de una empresa. "Sólo hace falta darse una vuelta por los másters que se imparten. Todos hablan de calidad y productividad, pero no de prevención. Algunos ejecutivos de nuestras empresas sólo han hecho un cursillo de tres horas sobre salud laboral." Y recuerda el discurso que dio el president Pujol en 1995 en unas jornadas organizadas por el Consell de Seguretat i Salut Laboral: "Las empresas de otros países nos ganan en dos aspectos: primero, son más competitivas y segundo, son más seguras. Señal, pues, de que la competitividad y la productividad no están reñidas con la prevención".

La psicóloga y especialista en Riesgos Laborales Maria Àngels Carrión, sostiene, por su parte, que los accidentes laborales son consecuencia de "la espectacular falta de cultura preventiva de nuestro país", no sólo por parte del empresario, sino también del trabajador, de la gente normal. Por tanto, lo fundamental es "lograr el cambio de actitud de todos los implicados. La prevención se ve como una carga, como algo anecdótico, como si hubiera sólo que cumplir el expediente cuando pasa algo", asegura. Además, el empresario debe asumir de una vez por todas que la prevención "es una inversión, aunque a corto plazo considere que representa un gasto", concluye.

Desde el Colegio de Psicólogos se insiste en que es necesaria la formación desde pequeños, porque la noción de prevención "no se crea de un día para otro, ni en seminarios de tres días. ¡Uno no se hace médico con un curso de 20 horas!", exclama Carrión, que lamenta que, por ejemplo, en la carrera de Ingeniería la asignatura de Seguridad e Higiene en el Trabajo se tilde de "maría". "Los profesores en Informática deberían enseñar, además de la teoría, la postura del cuerpo, la posición de las manos y de las muñecas, para evitar males posteriores, como el síndrome carpiano o los terribles dolores de espalda." Desde este punto de vista, la formación preventiva debería empezar con los niños de cinco años en la escuela.

Como defiende la psicóloga, los costes por no aplicar las medidas de seguridad en el trabajo acaban, al fin y al cabo, siendo altísimos. En el 2000, por ejemplo, el gasto sanitario y en horas de trabajo perdidas por el casi millón de accidentes registrados fue de unos seis millones de euros el día.