• Ultimamente se habla mucho de la necesidad de incentivar a las empresas, introduciendo beneficios legales para aquellas que demuestren un bajo índice de riesgos. ¿Considera que esta es una buena opción o cree que existen otras mejores?

Filosóficamente soy partidario de establecer una clara y fuerte diferenciación entre aquellos que cumplen la ley y los que no lo hacen. Pero hemos de ir con cuidado, para no consolidar la idea de que las administraciones públicas han de pagar para que se cumpla la ley. Entonces podemos llegar a una situación que puede ser un poco kafkiana, si las leyes tuvieran que contener un apartado anexo que diga "esta parte de financiamiento necesario para aplicar la ley irá dirigido a ayudas públicas a las empresas para que la cumplan". Esto no puede ser, de ninguna manera.

El concepto yo creo que es otro. Debería de haber un bien a proteger que es la vida y la salud de las personas, derechos considerados de forma especial dentro de la Constitución. Los poderes deben de poder garantizar los derechos de las trabajadores y las empresas tienen el deber de garantizarlo dentro del ámbito de su organización productiva. Por eso, una de las cosas más claras de la ley es responsabilizar en cualquier caso a las empresas de los riesgos que se producen. Lo que hace falta es buscar sistemas que penalicen de manera muy fuerte a quienes no cumplan con sus deberes.

Quizás, el sistema sería impedir que las empresas pudieran externalizar los costes de la no prevención hacia las personas, hacia los trabajadores y hacia la sociedad. Una cosa que los empresarios tienen que asumir es que son ellos los responsables. No puede ser que los empresarios digan que en el único espacio donde no pueden garantizar la disciplina dentro de la empresa es en el ámbito de la prevención del trabajo y la salud. Siempre se ha de entender que el primer elemento clave de cualquier política preventiva es que cualquier riesgo es evitable.


• ¿Considera usted que los empresarios y sus directivos conocen suficientemente sus responsabilidades y las consecuencias que se derivan de la no correcta aplicación de la normativa legal?

Hay diferentes actitudes empresariales. Ahora sí, los datos y las encuestas realizadas, incluso por las propias asociaciones de mutuas, ponen de manifiesto una cosa brutal, que es que casi seis años después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hay un porcentaje impresionante de desconocimiento entre los empresarios, que ni tan sólo la conocen superficialmente. Incluso quienes dicen conocerla llegan a desconocer aspectos básicos. CCOO siempre pone énfasis en el tema de formación de los trabajadores, pero cabe decir que lo más importante de todo es hacer formación entre los empresarios, para que sean conscientes de cuáles son sus obligaciones.

• ¿Qué piensa del Informe Durán presentado al Presidente del Gobierno el pasado mes de marzo?

He tenido dos percepciones destacables al respecto. Una, que hace emerger bastantes elementos que estaban debajo de la mesa. Por ejemplo, yo creo que desmiente una de las ideas que ahora el Ministerio de Trabajo quiere utilizar como ofensiva para decir que una cosa no es tan grave, como es que si las estadísticas de siniestralidad están saliendo elevadas y no hay forma de bajarlas, hay que cambiar el sistema de medirlas, aunque la realidad siga siendo la misma. Si es verdad que puede haber una sobrevaloración de algunos accidentes laborales, el problema más grave no es éste, el problema es que hay una infravaloración de una cantidad de riesgos de origen profesional que por no existir, no están ni previstos en ninguna de las políticas preventivas ni de las estadísticas de las empresas.

La segunda cosa, es que yo creo que hay una extrapolación de algunas de las recomendaciones del informe, aunque el encargo que se le realizó es muy claro: hacer un cierto diagnóstico de la situación y entonces ya se plantearán una serie de soluciones en materia de políticas preventivas. Si se plantean elementos de reforma o de modelo de protección social, creo que puede ser muy peligroso. En los últimos períodos, se ha puesto de manifiesto que las mutuas no están al nivel de las circunstancias y funciones expuestas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Seguramente por un dato elemental. Porque cuando entran en juego dos intereses, el de la vida y la salud de las personas y el interés de las empresas, hay mucha facilidad de que se beneficien los segundos. Y en este sentido, las mutuas están más interesadas en pólizas y clientes que no en garantizar la salud de los trabajadores. Esto se acabaría de una manera, que es nuestra gran batalla, el día que los trabajadores colectivamente pudiesen decidir quien es el que está responsabilizado de realizar las funciones vinculadas a nuestra salud. Somos los trabajadores de este país los únicos que no tenemos voluntad de decidir quien se encarga de las funciones propias de prevención de nuestra salud. Esto lo deciden las empresas, con una filosofía que es muy peligrosa, que la salud no la decide el trabajador sino quien la paga, y quien paga manda. El Informe Durán trata de transformar el sistema propio de protección social, función que no se le encargó. Además creo que no responde a la experiencia de estos últimos años, sobre todo en lo referente a las mutuas.


• ¿Cree que los técnicos de Servicios de Prevención, tanto ajenos como propios, perciben con claridad el rol como asesores de empresarios y trabajadores?

La prueba más evidente de que la sociedad y la empresa no prestan importancia a los sistemas de prevención es que en el momento en que se aprobó la Ley todavía no había técnicos de prevención para poder llevarla a la práctica. Pero además, en la medida en que la relación del técnico con la empresa encargada de la prevención es una relación asalariada, que es normal, y en la medida en que algunas empresas carecen de código ético, y esto sería una cosa imprescindible, no se tiene claro que el destinatario de su actuación no es su cliente, sino la salud, la vida y la prevención de los trabajadores. En general lo que se produce, o se puede producir en determinados casos, es una perversión de la función del técnico motivada por la propia cultura de la empresa de prevención que le transmite, en definitiva, la idea de quien paga manda.